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Frontera Sur de EE. UU. — En junio de 2025, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar de forma más estricta nuevas regulaciones que endurecen el acceso al asilo en la frontera. Entre los cambios más relevantes destaca la reactivación de protocolos que exigen a los solicitantes haber pedido protección en un “tercer país seguro” por el que hayan transitado antes de llegar a territorio estadounidense.

Asimismo, se han elevado los estándares para las entrevistas iniciales de “miedo creíble” y se ha otorgado a los oficiales de inmigración mayor autoridad para ejecutar expulsiones aceleradas.

Relevancia: Esta política transforma de manera sustancial el proceso de solicitud de asilo en la frontera sur, con un impacto directo en miles de migrantes que buscan protección en Estados Unidos.

Washington D.C. — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos. La actual designación expirará el 3 de agosto de 2025, y la cancelación será efectiva a partir del 2 de septiembre de ese mismo año.

La medida afecta a miles de haitianos que han residido y trabajado legalmente en Estados Unidos bajo esta protección migratoria. El DHS ha instado a los beneficiarios a explorar otras vías legales para regularizar su situación si desean permanecer en el país.

Relevancia: Esta decisión representa un momento crítico para la comunidad haitiana en Estados Unidos, que ahora enfrenta un plazo concreto para regularizar su estatus o prepararse para un posible retorno a su país de origen.

Washington D.C. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha emitido nuevas directrices para reforzar los procesos de desnaturalización, es decir, la revocación de la ciudadanía estadounidense en casos específicos. La medida, anunciada a comienzos de julio de 2025, no se dirige a errores menores, sino a situaciones en las que la ciudadanía se obtuvo mediante el ocultamiento de delitos graves.

Las autoridades han precisado que los casos prioritarios incluyen fraudes financieros de gran escala, participación en crímenes violentos no revelados durante el proceso de naturalización y vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Según funcionarios del DOJ, el propósito es salvaguardar la integridad del sistema migratorio.

Relevancia: Este cambio de enfoque impacta directamente la estabilidad y el estatus a largo plazo de los ciudadanos naturalizados, subrayando la necesidad de absoluta transparencia en el proceso de solicitud.